Gerardo Vargas Landeros, quien hasta hace poco se desempeñaba como presidente municipal de Ahome, Sinaloa, fue detenido por la Fiscalía del estado tras faltar a dos citaciones judiciales por presuntas irregularidades en la adquisición de 126 patrullas policiacas.
El exfuncionario fue arrestado en su domicilio en Los Mochis luego de que el Congreso local lo desaforara el pasado 2 de mayo, lo cual permitió que las autoridades avanzaran legalmente en su contra. Se le acusa de haber autorizado un contrato millonario sin licitación pública, lo que podría constituir delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.
La operación, valorada en más de 170 millones de pesos, fue adjudicada directamente a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., sin el debido proceso de competencia. La Auditoría Superior del Estado fue la primera en alertar sobre las anomalías, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
Pese a que Vargas Landeros defendió la legalidad del acuerdo asegurando que se trató de una medida urgente para fortalecer la seguridad municipal, los órganos fiscalizadores concluyeron que no se respetaron los procedimientos de contratación requeridos por la ley.
Este nuevo caso vuelve a poner en la mira el uso de recursos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en todos los niveles de gobierno.
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