Una vez más, el actuar de una jueza federal enciende las alarmas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Se trata de Madhay Soto Morales, quien recientemente otorgó un amparo al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para evitar que la Conagua desmantele cinco represas y un pozo construidos de forma irregular en su rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza.
El amparo impide que las autoridades intervengan en el predio, a pesar de que las estructuras almacenaban más de 700 mil metros cúbicos de agua sin concesión, en una zona afectada por sequía y donde el cumplimiento de tratados internacionales, como el de 1944 con Estados Unidos, está en juego.
La jueza Soto Morales no es nueva en la controversia. En 2023 fue quien también bloqueó la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua, favoreciendo al gobierno estatal de Maru Campos, con lo que se impidió el acceso de miles de estudiantes a materiales educativos oficiales.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado su preocupación por decisiones judiciales que —lejos de proteger el interés público— parecen beneficiar a figuras ligadas al poder político y económico.
A esto se suma el hecho de que el rancho de Duarte había sido embargado como parte de procesos por corrupción, pero fue devuelto durante la administración de Maru Campos, lo que refuerza los señalamientos de complicidad entre autoridades estatales y el exmandatario priista.
La polémica vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de una reforma profunda al Poder Judicial, que impida que la justicia sea usada como escudo para proteger intereses privados en detrimento del pueblo.
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