Una tormenta política y judicial se desató tras revelarse que la jueza Jovita Vargas Alarcón concedió una suspensión definitiva que impide la captura del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señalado por delitos como peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa.
La decisión ha sido duramente criticada por la Fiscalía General de la República, que la calificó como una “escandalosa protección”.
Pese a que Aureoles no acudió a una audiencia clave el pasado 9 de mayo, la jueza aceptó un escrito no ratificado como si se hubiese presentado, dándole además una prórroga de tres meses, lo que rebasa por mucho el plazo legal de 15 días. Para colmo, estableció una garantía de apenas un millón de pesos para mantener vigente el amparo que lo mantiene libre.
La FGR anunció que interpondrá una denuncia penal contra la jueza, acusándola de actuar fuera de la legalidad y con favoritismo. Las redes sociales y diversos sectores ya han comenzado a exigir una revisión profunda del caso, viendo en este episodio un reflejo de la urgente necesidad de reformar al Poder Judicial.
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