
Aníbal Castro y Enrique Hernández, dos jueces federales en Sonora, están en el ojo del huracán después de que se revelara su cuestionable historial judicial. Ambos están postulados para ser jueces de distrito, pero su trayectoria ha sido marcada por decisiones que favorecen a criminales.
¿Qué se les acusa?
Castro y Hernández han estado involucrados en resoluciones judiciales que han permitido la liberación o el traslado a cárceles de baja seguridad de miembros del crimen organizado. Entre los más polémicos, destacan conexiones con cárteles como el de Sinaloa y Los Zetas.
Un riesgo para la seguridad
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, denunció que estos jueces están minando el trabajo de las fuerzas de seguridad que arriesgan sus vidas cada día para mantener el orden.
¿Por qué preocupa su ascenso?
Con el poder de decidir sobre la libertad de miles de personas, el ascenso de estos jueces podría poner en peligro los esfuerzos para combatir al crimen organizado. Organizaciones civiles y legisladores ya están pidiendo que se les retire la candidatura.
¡El futuro del Poder Judicial está en juego!
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