El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una grave acusación al exponer cómo una estructura dentro del Poder Judicial, a la que denominó el “Cártel de la Toga”, ha facilitado la liberación de peligrosos criminales pertenecientes a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y la Familia Michoacana.
De acuerdo con Harfuch, jueces y magistrados han otorgado cambios en medidas cautelares y libertades provisionales sin fundamentos sólidos, permitiendo que narcotraficantes y líderes del crimen organizado regresen a las calles. “Estas decisiones judiciales están frenando los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en el país”, declaró.
Además, el secretario destacó que muchos de estos criminales tienen antecedentes de actividades violentas y están vinculados a una serie de delitos graves, como secuestros, homicidios y tráfico de drogas. Según Harfuch, al menos 70 de los delincuentes liberados han continuado con sus actividades ilícitas, lo que agrava la situación de inseguridad en diversas regiones del país.
En sus declaraciones, Harfuch mencionó que esta situación no solo pone en peligro a los ciudadanos, sino que también refleja una falla estructural en el sistema judicial mexicano. El funcionario solicitó reformas urgentes para fortalecer los mecanismos de control dentro del Poder Judicial y evitar que los criminales sigan aprovechando lagunas legales para evadir la justicia.
La denuncia se suma al creciente llamado por una reforma judicial que ponga fin a la corrupción y los intereses oscuros que afectan los procesos legales. Harfuch insistió en que es necesario un sistema que realmente sirva a los ciudadanos y no a los intereses del crimen. “Es urgente que el Poder Judicial se depure, no podemos permitir que el sistema se convierta en un refugio para delincuentes”, afirmó.
Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respaldado las declaraciones de Harfuch, anunciando una serie de medidas para fortalecer la cooperación entre las instituciones de seguridad y la Fiscalía General de la República. “Es necesario garantizar que la justicia no sea manipulada y que los criminales enfrenten las consecuencias de sus actos”, agregó Sheinbaum en un comunicado.
Investigación en marcha
El Gobierno Federal ha lanzado investigaciones exhaustivas para identificar a los jueces y funcionarios involucrados en estos procesos de liberación y corrupción. Se espera que el Consejo de la Judicatura Federal inicie una serie de auditorías internas y de revisión de casos que podrían haber estado bajo influencia de redes criminales. Además, las autoridades han comenzado a implementar nuevas políticas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema judicial, con el objetivo de restaurar la confianza de la ciudadanía en el poder judicial.
El gobierno ha afirmado que estas acciones son solo el principio de un proceso más amplio para erradicar la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan confiar plenamente en el sistema de justicia. “Estamos comprometidos con la construcción de un México más seguro, sin impunidad para aquellos que destruyen la paz de nuestra nación”, concluyó Harfuch.
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