La Fiscalía General de la República (FGR) ha redoblado esfuerzos legales para revocar la protección judicial que actualmente impide la captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
El exmandatario enfrenta graves acusaciones por el presunto desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en diversos municipios de Michoacán, incluyendo Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Las investigaciones señalan que estos recursos federales, asignados para reforzar la seguridad en el estado, fueron utilizados de manera irregular. La FGR sostiene que las obras quedaron inconclusas o con sobrecostos injustificados, lo que llevó a solicitar una orden de aprehensión contra Aureoles.
Para evitar su captura, el exgobernador promovió un amparo el pasado 21 de abril, buscando frenar los actos del juez de control en funciones en el Reclusorio Norte, así como la ejecución de la orden de arresto. Aunque la FGR impugnó esa medida, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la suspensión otorgada, argumentando que los derechos procesales de Aureoles debían ser respetados.
Sin embargo, la FGR no se ha quedado de brazos cruzados y presentó un incidente de revocación para anular dicha protección, argumentando la necesidad de que el exmandatario enfrente a la justicia. Además, se ha emitido una ficha roja de Interpol para su localización internacional, extendiendo la búsqueda a más de 190 países.
Las acciones legales no se limitan al exgobernador. En semanas recientes, cuatro excolaboradores de su administración fueron detenidos, acusados de participar en el esquema de desvío de recursos. Entre los arrestados se encuentran exsecretarios y asesores cercanos al exmandatario, quienes, según las investigaciones, facilitaron las operaciones para desviar el dinero destinado a seguridad pública.
La controversia ha desatado un fuerte debate sobre la corrupción en los gobiernos estatales y la capacidad del sistema judicial para sancionar a funcionarios de alto nivel. Organizaciones civiles y ciudadanos han exigido que el caso no quede impune y se avance en el combate a la corrupción que afecta directamente la seguridad y bienestar de los michoacanos.
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