En una decisión que ha encendido la indignación entre familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, un tribunal federal revocó la vinculación a proceso de Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la Unidad Antisecuestros de la extinta PGR, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El tribunal argumentó que, como uno de los detenidos clave —Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo— fue liberado a los tres días de su captura, no se cumplen los requisitos para procesar al exfuncionario por desaparición forzada en grado agravado. Esta interpretación, basada en tecnicismos del artículo 215-B del Código Penal Federal, abre la puerta a una posible prescripción del delito, lo cual se discutirá en una nueva audiencia.
Ramírez Gutiérrez, quien formaba parte de la entonces SEIDO (unidad élite contra el crimen organizado), fue señalado por presuntamente encubrir irregularidades, prolongar detenciones ilegales y tolerar actos de tortura en contra de presuntos miembros del grupo Guerreros Unidos para fabricar declaraciones en torno a la desaparición de los estudiantes.
Aunque el tribunal anuló la vinculación a proceso, ordenó que permanezca bajo prisión preventiva, ya que incumplió medidas cautelares y se negó a comparecer voluntariamente ante la justicia.
Este revés judicial pone en jaque años de investigación y renueva la frustración de quienes exigen justicia real en uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de México.
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