La noche del 29 de abril se convirtió en una tragedia para ocho niños que celebraban el Día del Niño en el Colegio Francoise Dolto, ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca. Un evento escolar que se suponía era para disfrutar se transformó en una pesadilla cuando una fogata, utilizada para la celebración, provocó una explosión que dejó a los menores con graves quemaduras.
De acuerdo con testimonios de los padres, todo ocurrió cuando un docente, identificado como Jonathan Daniel I., esposo de la directora del colegio, Ariela S. M., arrojó alcohol sobre la fogata para avivarla. El combustible generó una llamarada que alcanzó a los niños que se encontraban cerca, dejándolos con quemaduras de segundo grado.
Las víctimas, de entre 3 y 5 años, fueron rápidamente trasladadas a varios hospitales cercanos. Uno de los menores se encuentra en estado grave debido a las quemaduras sufridas. La noticia ha conmocionado a la comunidad y ha encendido una ola de indignación entre los padres y madres, quienes exigen justicia y respuestas del colegio.
En un primer momento, el colegio intentó minimizar el incidente y ocultó la magnitud de lo sucedido. Algunos padres reportaron que la institución eliminó publicaciones en redes sociales y evitó ofrecer una declaración pública, lo que generó una mayor tensión. Ante esta actitud, los padres decidieron organizar protestas exigiendo que se tome responsabilidad por la negligencia cometida y que se garantice que los estudiantes estén seguros dentro del recinto educativo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha abierto una investigación oficial bajo la carpeta 12219/UNNA/2025, para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo negligencia criminal por parte de los responsables. Las autoridades están recopilando pruebas y tomando declaraciones de los involucrados para proceder con las acciones legales correspondientes.
Este incidente no solo expone las malas prácticas del colegio, sino también las deficiencias en la supervisión de las actividades escolares y la falta de protocolos adecuados de seguridad. La comunidad exige que se tomen medidas drásticas para evitar que este tipo de tragedias se repitan en el futuro y que la educación de los niños sea una prioridad que garantice su bienestar.
Mientras tanto, los padres y la sociedad en general siguen demandando justicia para los menores afectados, pidiendo que los responsables enfrenten las consecuencias de su imprudencia.
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