En una impactante revelación que sacude a la clase política mexicana, César Gutiérrez Priego —abogado militar y aspirante a ministro de la Suprema Corte— difundió públicamente un primer audio que, según afirma, forma parte de una serie de grabaciones que evidenciarían los vínculos del expresidente Ernesto Zedillo y su esposa, Nilda Patricia Velasco, con el narcotráfico durante su sexenio (1994-2000).
La grabación, entregada por su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo —exzar antidrogas encarcelado en 1997—, data de 1996 y presuntamente contiene una conversación en la que se discuten reuniones entre integrantes del Cártel de Colima y personajes cercanos a la familia presidencial. Según Gutiérrez Priego, estos audios habrían sido ocultados por décadas, y ahora salen a la luz como parte de una cruzada para limpiar el nombre de su padre y denunciar la corrupción enquistada en los más altos niveles del poder.
En una entrevista, Gutiérrez Priego declaró que “México ha vivido bajo estructuras que han favorecido a grupos criminales desde el poder” y acusó directamente al gobierno de Zedillo de ser “el primero en institucionalizar la relación narco-política en Los Pinos”. El abogado también afirmó que no tiene miedo de revelar más pruebas, que incluirían presuntas operaciones encubiertas, protección a capos y uso de recursos públicos para facilitar actividades delictivas.
La difusión de este material llega en un momento político clave, en el que se discute la renovación de ministros en la Suprema Corte y se intensifican los debates sobre la reforma al Poder Judicial. Para algunos, las revelaciones de Gutiérrez Priego podrían ser parte de una estrategia política; para otros, representan una oportunidad histórica para destapar verdades incómodas.
Hasta ahora, ni el expresidente Zedillo ni su esposa han ofrecido una postura pública. Sin embargo, diversas voces en el ámbito jurídico y académico ya han exigido que la Fiscalía General de la República abra una investigación formal para determinar la autenticidad del audio y, de comprobarse su veracidad, proceder legalmente contra los implicados.
Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de este escándalo, que podría reconfigurar la percepción de uno de los periodos más críticos de la historia contemporánea mexicana.
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