En un movimiento que ha encendido la polémica política en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ejecutó la transferencia de más de 10 mil millones de pesos que estaban resguardados en fideicomisos del Poder Judicial. Estos fondos, que eran administrados por la Suprema Corte de Justicia bajo el liderazgo de Norma Piña, fueron redirigidos hacia objetivos con un marcado enfoque social.
Parte del dinero ya está siendo utilizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la elección extraordinaria de más de 800 cargos de jueces programada para el 1 de junio. El resto será empleado para mejorar los salarios de más de 26 mil trabajadores del ISSSTE, con lo cual se busca fortalecer el sistema de salud pública y aumentar la capacidad de cirugías en beneficio de la población.
La jugada ha sido celebrada por muchos como un golpe certero al privilegio judicial, mientras que otros lo ven como una intromisión del Ejecutivo en la autonomía del Poder Judicial. Norma Piña ya ha insinuado acciones legales por el presunto desacato y la falta de notificación formal sobre el retiro de estos recursos.
Sin embargo, para Sheinbaum, la prioridad está clara: el dinero del pueblo debe servir al pueblo.
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