La presidenta ha sorprendido al anunciar que, para finalizar este mes, se realizará una revisión minuciosa sobre el número de Centros de Atención a Deportados que se mantendrán.
Según sus declaraciones, se evaluará si es conveniente conservar la totalidad de estos centros o bien reducir su tamaño para optimizar su funcionamiento.
Esta decisión se enmarca en un contexto de ajustes administrativos que buscan hacer más eficientes los recursos destinados a la atención y gestión de los procesos migratorios, generando opiniones encontradas en diversos sectores. La medida podría significar una transformación profunda en la manera de operar de estas instalaciones, afectando tanto a los usuarios como a la estructura operativa del sistema.
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