Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lanzó fuertes acusaciones contra jueces federales, asegurando que sus fallos han obstaculizado la lucha contra el lavado de dinero en México.
Según Gómez, a través del juicio de amparo, se han desbloqueado enormes cantidades de dinero y se ha exonerado a personas investigadas antes de que concluyan los procesos judiciales.
Durante un evento sobre la evaluación de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Gómez denunció que una jurisprudencia de 2018 ha sido utilizada para que individuos señalados por actividades ilícitas sean retirados de la lista de personas bloqueadas sin que se analice el fondo del caso. Además, aseguró que el Poder Judicial ha representado un desafío tanto para el gobierno actual como para el anterior en la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilegal.
El funcionario también criticó un fallo de la Suprema Corte que considera inconstitucional el procedimiento de inclusión en la lista de personas bloqueadas, salvo que provenga de una solicitud extranjera. Para Gómez, esto favorece a personas con gran poder económico y a grupos criminales que buscan legalizar recursos ilícitos.
Estas declaraciones avivan el debate sobre el papel del Poder Judicial en la lucha contra el crimen financiero en México. ¿Se está protegiendo la justicia o a los poderosos?
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