El alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, fue detenido y permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta relación con el Rancho Izaguirre, una propiedad vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Testimonios clave y hallazgos recientes lo colocan en el centro de un oscuro entramado de crimen organizado que ha sacudido a Jalisco.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, fue intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando se realizaron detenciones y se descubrieron evidencias de actividades ilícitas, como la formación y el reclutamiento de sicarios. Sin embargo, el caso cobró un giro aún más macabro en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, encontró restos humanos, ropa y otros objetos personales en el lugar, lo que sugiere que el rancho también pudo haber sido utilizado como un centro de exterminio del crimen organizado.
La detención del alcalde llega después de una serie de investigaciones que han expuesto una posible red de complicidades en el ámbito local, lo que pone en duda la independencia de las autoridades municipales frente a la influencia del narcotráfico. Murguía Santiago, quien pertenece al partido Movimiento Ciudadano, ha insistido en su inocencia, asegurando que no sabía nada sobre las actividades criminales que se llevaban a cabo en el rancho. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado suficientes pruebas, incluidos testimonios de testigos clave, para que el juez dictara prisión preventiva mientras se esclarece su implicación en estos hechos.
Este escándalo de corrupción y narcotráfico ha abierto un fuerte debate sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones políticas y gubernamentales, especialmente en los municipios de Jalisco. La sociedad exige respuestas sobre cómo estos grupos criminales han logrado operar con impunidad y cuál es el alcance de la red de complicidades dentro de las administraciones locales.
El caso también ha reavivado la preocupación sobre la seguridad en la región y ha generado un clamor por parte de los ciudadanos que demandan una mayor acción por parte de las autoridades para erradicar la influencia del crimen organizado en las esferas políticas. Los próximos meses serán cruciales para conocer la verdad detrás de este escándalo y para asegurar que se haga justicia.
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