José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, presuntamente recibía 70 mil pesos mensuales por parte de los operadores del CJNG.
El alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido este fin de semana por su presunta vinculación con el rancho Izaguirre, predio que habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de operaciones y reclutamiento.
De acuerdo con la FGR, la captura de “Chon” Murguía, como también se le conoce al alcalde de Teuchitlán, fue realizada después de que investigaciones señalaran que en varias ocasiones habría visitado el Rancho Izaguirre, de donde recibía 70 mil pesos mensuales por parte de los operadores del CJNG.
Además, las autoridades señalan al edil no sólo por conocer lo que pasaba en el rancho Izaguirre, ubicadoen Teuchitlán, sino que era pieza clave de la operación del CJNG.
Por esta razón, a Murguía Santiago se le imputaron los delitos por delincuencia organizada en agravio de la colectividad y desaparición forzada al estra presuntamente vinculado con el crimen organizado.
José Ascensión Murguía fue acusado de ser el presunto autor material y directo de la operación (reclutamiento forzado) que se llevaba a cabo adentro del rancho Izaguirre.
Esto quiere decir que el alcalde de Teuchitlán habría permitido la operación del rancho y de los operadores del CJNG. Incluso lo vinculan con José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, quien está preso en el penal del Altiplano. También autoridades afirman que el edil sabía, tras realizar varias visitas en 2024, antes de la intervención de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en septiembre pasado, que los reclutas del grupo delictivo eran obligados a comer carne humana.
El caso cobró notoriedad en marzo de 2025, cuando colectivos de madres buscadoras descubrieron restos óseos, ropa y rastros de hogueras en la propiedad, calificándola como un centro de exterminio.
Aunque el lugar ya había sido intervenido brevemente en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, no fue investigado a fondo hasta que las madres rastreadoras alertaron de su uso criminal.
