La Fiscalía de Jalisco ha sido objeto de críticas tras permitir que el medio Latinus, asociado con el periodista Carlos Loret de Mola, ingresara antes que otros medios al Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Este lugar ha sido señalado como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para actividades ilícitas. 
El pasado 20 de marzo, la Fiscalía estatal autorizó el acceso anticipado de Latinus y Televisa al rancho, generando suspicacias sobre posibles favoritismos y cuestionamientos sobre la imparcialidad en la cobertura mediática. Esta acción ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para influir en la narrativa pública respecto a los hallazgos en el predio.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones contra funcionarios de Jalisco por presuntas omisiones en las pesquisas relacionadas con el rancho. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, señaló que desde septiembre de 2024 se tenían indicios de actividades delictivas en el lugar, pero las autoridades locales no actuaron con la diligencia requerida. 
Este incidente ha generado un debate sobre la transparencia y la ética en la colaboración entre autoridades y medios de comunicación, así como sobre la responsabilidad de las instituciones en la lucha contra el crimen organizado.
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