¡La reestructuración penitenciaria a ras de suelo, el combate a la corrupción carcelaria de puertas abiertas y el respaldo federal a la seguridad estatal! Ante los trágicos acontecimientos registrados en el sistema penitenciario del estado, el Gobierno de México y la administración estatal anunciaron este 9 de octubre de 2026 la autorización y construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa financiado con recursos federales.
La decisión se toma tras una serie de violentos enfrentamientos en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, que en cuestión de horas cobraron la vida de 12 personas —incluyendo a reclusos y a un menor de edad durante las visitas familiares— y dejaron 16 heridos, evidenciando las graves deficiencias de infraestructura y control en los centros de reclusión locales.
Ejes de la crisis carcelaria y la nueva estrategia de seguridad:
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Proyecto de Nuevo Penal Federal: Inyección presupuestal autorizada por el Gobierno Federal para levantar una cárcel moderna que cumpla con los estándares internacionales de seguridad y gobernabilidad.
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Saldo Trágico en El Castillo: Enfrentamientos sucesivos durante los días 8 y 9 de octubre que dejaron un total de 12 víctimas mortales y motivaron la suspensión indefinida de visitas familiares.
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Diagnósticos de Vulnerabilidad: Antecedentes de la CNDH que señalaban sobrepoblación, déficit de custodios y presencia de actividades ilícitas en los penales del estado.
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Coordinación de los Tres Órdenes de Gobierno: Trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum para limpiar el sistema penitenciario y frenar el ingreso de armas.
Reformar el sistema penitenciario para devolver la paz y el orden
La violencia al interior de los centros de readaptación social es uno de los retos más complejos derivados de la pugna entre grupos delictivos en el noroeste del país. Construir un nuevo penal con tecnología de punta y controles estrictos representa un paso indispensable para erradicar el autogobierno, proteger la integridad de los internos y sus familias, y garantizar que las instituciones del Estado recuperen el control absoluto de la seguridad en Sinaloa.
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