México ha adoptado una postura de cautela tras el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de un nuevo arancel global del 10 % a las importaciones, luego de que la Corte Suprema estadounidense declarara inconstitucionales la mayoría de los gravámenes impuestos previamente sin aprobación del Congreso. El país latinoamericano está «estudiando con sangre fría» los posibles efectos de estas medidas, según declaraciones oficiales.
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha señalado que el gobierno actuará con prudencia y estabilidad frente al panorama actual. Ebrard destacó que la decisión judicial que frenó los aranceles recíprocos no afecta de forma directa la mayoría de los bienes exportados a Estados Unidos, debido a que estos ya están cubiertos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual mantiene la mayor parte del comercio bilateral libre de aranceles.
Pese a ello, la Casa Blanca ha anunciado que continuará con un arancel temporal del 10 % a las importaciones, aunque este no aplicará a los productos mexicanos y canadienses que cumplan con las reglas de origen del T-MEC, lo que representa un alivio importante para las cadenas productivas integradas entre los tres países.
Ebrard ha subrayado que el enfoque del gobierno mexicano es primero comprender plenamente el alcance de los nuevos gravámenes antes de tomar medidas adicionales. Para ello, se ha abierto un canal de comunicación con las autoridades estadounidenses y se tiene programada una visita a Washington en los próximos días para abordar el tema directamente y defender los intereses del país ante posibles cambios en la política comercial.
Aunque el entorno jurídico y comercial ha generado incertidumbre —lo que preocupa a inversionistas y empresarios—, la postura oficial es que México se mantenga firme pero prudente, confiando en la fortaleza de su relación comercial con Estados Unidos y en las disposiciones del T-MEC para mitigar impactos adversos.
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