México y Estados Unidos están en negociaciones para desarrollar un plan de acción conjunto dirigido a asegurar el suministro de minerales críticos, insumos esenciales para tecnologías modernas, la transición energética y cadenas productivas estratégicas. Estos minerales incluyen litio, cobre, plata, zinc, molibdeno y manganeso, así como elementos utilizados en baterías, energías renovables y dispositivos electrónicos.
El objetivo del plan es garantizar el acceso a estos recursos en un contexto geopolítico competitivo, promover inversiones y fortalecer las capacidades industriales de ambos países. México, con yacimientos importantes de minerales estratégicos, es un socio clave para Estados Unidos en un mercado donde la demanda crece rápidamente.
Sin embargo, este proyecto ha generado alertas entre ambientalistas, comunidades indígenas y especialistas, quienes advierten que el acuerdo podría tener impactos socioambientales significativos en territorios ya vulnerables. Entre las preocupaciones se encuentra la falta de mecanismos claros para proteger el agua y los ecosistemas, la ausencia de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y la posibilidad de que se facilite un modelo extractivo más agresivo en zonas con estrés hídrico.
De acuerdo con defensores del ambiente, la minería a gran escala puede implicar consumo intensivo de agua, generación de residuos tóxicos y alteración irreversible de suelos y biodiversidad, mientras que las comunidades demandan que se garantice su derecho a la consulta y a un medio ambiente sano antes de avanzar en cualquier acuerdo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se modificará la ley minera vigente y que se mantendrá el control nacional sobre los recursos naturales, incluso mientras México recupera concesiones mineras que estaban en incumplimiento.
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