Un juez supremo de Perú ha emitido una orden de captura internacional contra Betssy Chávez, la ex primera ministra, además de imponerle cinco meses de prisión preventiva. Esto ocurre mientras ella se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima.
La decisión judicial se basa en que los magistrados consideran que existe un riesgo real de fuga, ante el historial de Chávez de no cumplir con ciertas obligaciones judiciales, como presentarse a controles biométricos y a audiencias.
Chávez está acusada de estar implicada en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso. Por estos cargos se le señala por “rebelión”, y el Ministerio Público peruano pide hasta 25 años de cárcel.
Su situación de asilo en la embajada mexicana ha generado una crisis diplomática entre Perú y México: el gobierno peruano rompió relaciones formales con México y acusa al país vecino de intervenir en sus asuntos internos. Además, Perú ha condicionado la salida de Chávez a un debate sobre el marco jurídico internacional del asilo.
Las autoridades peruanas apuntan que hasta ahora no han otorgado un salvoconducto para que ella abandone el país, y que su salida dependerá de acuerdos y de interpretaciones legales de tratados internacionales de asilo. Mientras tanto, su detención preventiva refuerza la presión legal sobre ella durante el proceso que enfrenta.
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