El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció oficialmente el inicio del proceso para privatizar Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que brinda servicios de agua potable y saneamiento a más de 11 millones de personas en Buenos Aires y alrededores. Esta medida forma parte de una serie de reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo para reducir el tamaño del Estado y dar paso a una mayor participación del sector privado.
La propuesta contempla transferir hasta el 90 % de las acciones de la compañía al ámbito privado, por medio de una licitación pública nacional e internacional. El 10 % restante se reservará para que sea adquirido por los trabajadores de la empresa bajo un programa de propiedad participada.
¿Por qué privatizar AySA?
Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, AySA ha recibido aportes estatales millonarios desde que fue estatizada en 2006. A pesar de ello, su eficiencia operativa es cuestionada: la plantilla se duplicó en casi 20 años, mientras que la morosidad de pagos aumentó y las obras para ampliar la cobertura han sido insuficientes. El Gobierno sostiene que la privatización permitirá mejorar el servicio, atraer inversión y aliviar las finanzas públicas.
Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos advierten que esta decisión podría derivar en incrementos tarifarios, cortes de servicio a usuarios morosos y un debilitamiento de las políticas de acceso universal al agua, especialmente para las zonas más vulnerables.
El agua, al mercado
En el nuevo esquema, el operador privado podrá:
•Ajustar tarifas con base en la inflación
•Cortar el suministro a usuarios con facturas impagas
•Cargar en las tarifas el costo de futuras obras de infraestructura
Estos lineamientos han generado una fuerte reacción entre defensores de los derechos humanos, quienes consideran que el agua es un bien esencial que no debe someterse a la lógica del mercado.
Un debate que revive viejas heridas
La privatización de servicios públicos no es nueva en Argentina. Durante la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Menem, muchas empresas estatales fueron vendidas a capitales privados, lo que dejó un legado mixto: mejoras en algunos sectores, pero también tarifazos, despidos masivos y pérdidas de soberanía operativa.
Con este nuevo giro, Milei pone nuevamente a prueba la relación entre el Estado y el bienestar ciudadano, en medio de un clima social y económico cada vez más polarizado.
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