En un giro histórico para la política argentina, la Corte Suprema confirmó este martes 10 de junio la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declarándola culpable de corrupción y ratificando su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El fallo se refiere al caso “Vialidad”, donde se comprobó que durante su mandato se otorgaron millonarios contratos de obra pública de forma irregular al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
La sentencia, que también incluye seis años de prisión, será cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su edad. Sin embargo, el mayor impacto es político: Cristina no podrá presentarse a ningún cargo en las elecciones legislativas de octubre de 2025, cerrando así de forma definitiva su camino electoral.
Desde sus redes sociales, Fernández de Kirchner denunció una persecución judicial con tintes políticos, y acusó al gobierno de Javier Milei de estar detrás de una estrategia para proscribirla y eliminar a la oposición peronista de la contienda electoral. Afirmó que esta decisión es parte de una ofensiva de los poderes económicos y mediáticos para controlar el futuro político del país.
La decisión ha desatado una fuerte reacción social. Militantes kirchneristas salieron a manifestarse en Buenos Aires y otras ciudades del país, mientras desde Casa Rosada el oficialismo celebró el fallo como una “victoria de la justicia sobre la impunidad”.
Con este revés, el tablero político argentino entra en una nueva etapa: el kirchnerismo deberá redefinir su liderazgo de cara a los comicios y el panorama opositor cambia drásticamente.
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