Un nuevo golpe al narcotráfico ha sacudido a Centroamérica: las autoridades de Panamá confiscaron más de 1,000 kilos de cocaína que, según los informes, salieron de El Salvador con destino final a Bélgica.
El decomiso ha levantado serias interrogantes, dado que actualmente el control de las aduanas salvadoreñas recae directamente bajo la autoridad del presidente Nayib Bukele, quien ha centralizado los puntos estratégicos de acceso y salida del país.
Aunque la administración de Bukele presume importantes avances contra el crimen organizado —con más de 45 toneladas de droga incautadas desde 2019, valuadas en aproximadamente 1,000 millones de dólares—, este escándalo ha vuelto a encender los viejos rumores que lo persiguen: supuestas acusaciones de consumo de drogas y un antidoping que, dicen sus detractores, evadió cuando fue desafiado hace años.
Hasta el momento, no existen pruebas oficiales que respalden esas versiones, pero el reciente decomiso en Panamá ha servido para que sus críticos revivan las especulaciones, cuestionando si realmente hay un control eficaz del narcotráfico o si solo es una narrativa de éxito.
Por su parte, Bukele continúa proyectando su imagen de firmeza y combate al crimen, mientras el país sigue figurando en las listas internacionales como un punto de tránsito de drogas hacia Europa y Estados Unidos.
¿Es esta incautación una excepción o un síntoma de un problema mayor que todavía persiste bajo la superficie?
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