
La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó a 38 opositores el 12 de diciembre, quienes habían sido detenidos entre finales de noviembre y principios de diciembre en operativos en todo el país, especialmente en León y Masaya.
La excarcelación se produjo justo cuando el Gobierno aprobaba una serie de reformas legales, incluyendo un cambio a la Constitución que, según críticos, consolidó una “dictadura totalitaria” en Nicaragua.
El grupo de detenidos, en su mayoría opositores y activistas, pasó más de 20 días en lo que se considera una “desaparición forzada”, sin que se informara a sus familiares sobre su paradero. A su liberación, los excarcelados fueron obligados a firmar un documento y se les advirtió que debían presentarse regularmente a las comisarías bajo amenaza de reingresar a prisión si no cumplían.
Sin embargo, no todos fueron liberados. Entre los casos aún sin resolución se encuentra el periodista Leo Catalino Cárcamo, detenido desde el 22 de noviembre, y el periodista Henry Briceño, quien fue desterrado a Costa Rica. Aunque algunos presos políticos fueron excarcelados, el número de detenidos políticos en el país sigue siendo alarmante, con más de 46 personas aún bajo arresto, y el patrón de “desaparición forzada” continúa en aumento.
La excarcelación ocurre un día después de que Naciones Unidas exigiera la liberación de prisioneros de conciencia y en medio de una investigación por violaciones de derechos humanos contra el régimen, anunciada por la administración de Joe Biden.
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