Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal en Materia Mixta para el estado de Durango, sorprendió al admitir públicamente su pasado criminal: pasó casi seis años en una prisión de Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. En un video difundido en sus redes sociales, Chávez Vargas declaró sin tapujos: “Nunca me he vendido como el candidato perfecto, al contrario, soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de ayudarlos.”
El hecho que lo llevó a prisión ocurrió en noviembre de 2015, cuando autoridades estadounidenses descubrieron un paquete de metanfetamina oculto dentro de un extintor en el autobús que él conducía. Aunque asumió la responsabilidad del delito, Chávez Vargas calificó el suceso como una “injusticia”.
Su postulación para un puesto en el Poder Judicial ha levantado una ola de indignación y cuestionamientos sobre los criterios para seleccionar candidatos. Legisladores y activistas han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión exhaustiva para evitar que personas con antecedentes penales puedan ocupar cargos tan importantes.
¿Debería alguien con un pasado de narcotráfico tener la posibilidad de decidir sobre la justicia en México?
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